Hace unos días, ha saltado a la luz pública la noticia de que en algunas clínicas de Madrid y Barcelona, se practicaban abortos fuera de los supuestos que la ley tiene previstos. Se ha hablado de interrupciones de embarazos casi a término.
No es criticable que la justicia investigue y persiga a quienes de forma flagrante y demostrada vulneren el marco jurídico vigente con el afán de lucrarse.
Este es un tema –el aborto- que ha encendido polémicos debates en el seno de la ciudadanía, y con demasiada frecuencia – casi siempre- los argumentos que se han empleado para defender las posiciones contrarias, han sido de tipo moral y religioso.
No creo que a ninguna mujer que se haya visto en la situación de tener o deber de abortar, guarde un recuerdo agradable, la mayoría llevan toda la vida consigo el recuerdo aciago de este capítulo de su vida.
Para muchas personas que no han tenido cerca de ellas una situación de este tipo, se les hace muy fácil criticar y criminalizar a quienes acuden a un centro de este tipo para interrumpir su embarazo.
Cuando interponemos razones religiosas a un hecho tan controvertido, contaminamos el debate hasta extremos delirantes, que en nada ayudan a situar el problema en el punto que le pertenece estar.
De acuerdo con la ley, hay unos supuestos contemplados que amparan a las mujeres y nada ni nadie tiene el derecho de anatemizar, criminalizar o señalar con el dedo acusador a ninguna mujer que se ampare y acoja en la ley.
En los casos que se están investigando actualmente, el juez ha ido demasiado lejos. El poder omnímodo de que están –o creen estar- investidos algunos jueces, les lleva a perpetrar verdaderos atropellos, vulnerando derechos e intimidades de mujeres que se han visto en la necesidad de abortar.
El hecho de citar a declarar a personas que ya habían conseguido ahuyentar el mal trago, obliga a revivir la historia de nuevo, a reabrir viejas y profundas heridas, que no por viejas, son menos dolorosas.
Es muy lamentable que la orientación ideológica o religiosa de un juez, intervenga o determine el camino que debe seguir una investigación.
Ahora, parecer ser que a la ofensiva conservadora del poder judicial, firme aliada de las posiciones del PP y de la Conferencia Episcopal, que venimos padeciendo a lo largo de estos últimos cuatro años, se ha añadido un nuevo motivo o excusa que permite abrir la veda para poder así laminar alguna conquista social consolidada.
En España, la laicidad está a la defensiva, el tridente formado por la derecha política, religiosa y judicial está poniendo en cuestión derechos legítimos en una sociedad democrática y madura, derechos que al parecer sólo valoramos cuando perdemos o vemos en serio peligro. Tengo la impresión de que la sociedad, no está siendo consciente de lo que está sucediendo, de que esta ofensiva va muy en serio y que los derechos no son una gracia que nos viene concedida, más bien al contrario, los derechos se conquistan y su permanencia requiere un ejercicio consciente de los mismos.
No es criticable que la justicia investigue y persiga a quienes de forma flagrante y demostrada vulneren el marco jurídico vigente con el afán de lucrarse.
Este es un tema –el aborto- que ha encendido polémicos debates en el seno de la ciudadanía, y con demasiada frecuencia – casi siempre- los argumentos que se han empleado para defender las posiciones contrarias, han sido de tipo moral y religioso.
No creo que a ninguna mujer que se haya visto en la situación de tener o deber de abortar, guarde un recuerdo agradable, la mayoría llevan toda la vida consigo el recuerdo aciago de este capítulo de su vida.
Para muchas personas que no han tenido cerca de ellas una situación de este tipo, se les hace muy fácil criticar y criminalizar a quienes acuden a un centro de este tipo para interrumpir su embarazo.
Cuando interponemos razones religiosas a un hecho tan controvertido, contaminamos el debate hasta extremos delirantes, que en nada ayudan a situar el problema en el punto que le pertenece estar.
De acuerdo con la ley, hay unos supuestos contemplados que amparan a las mujeres y nada ni nadie tiene el derecho de anatemizar, criminalizar o señalar con el dedo acusador a ninguna mujer que se ampare y acoja en la ley.
En los casos que se están investigando actualmente, el juez ha ido demasiado lejos. El poder omnímodo de que están –o creen estar- investidos algunos jueces, les lleva a perpetrar verdaderos atropellos, vulnerando derechos e intimidades de mujeres que se han visto en la necesidad de abortar.
El hecho de citar a declarar a personas que ya habían conseguido ahuyentar el mal trago, obliga a revivir la historia de nuevo, a reabrir viejas y profundas heridas, que no por viejas, son menos dolorosas.
Es muy lamentable que la orientación ideológica o religiosa de un juez, intervenga o determine el camino que debe seguir una investigación.
Ahora, parecer ser que a la ofensiva conservadora del poder judicial, firme aliada de las posiciones del PP y de la Conferencia Episcopal, que venimos padeciendo a lo largo de estos últimos cuatro años, se ha añadido un nuevo motivo o excusa que permite abrir la veda para poder así laminar alguna conquista social consolidada.
En España, la laicidad está a la defensiva, el tridente formado por la derecha política, religiosa y judicial está poniendo en cuestión derechos legítimos en una sociedad democrática y madura, derechos que al parecer sólo valoramos cuando perdemos o vemos en serio peligro. Tengo la impresión de que la sociedad, no está siendo consciente de lo que está sucediendo, de que esta ofensiva va muy en serio y que los derechos no son una gracia que nos viene concedida, más bien al contrario, los derechos se conquistan y su permanencia requiere un ejercicio consciente de los mismos.
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