LA SANIDAD EN MADRID

La sanidad de la Comunidad de Madrid anda revuelta y no por capricho reivindicativo.

Por aquellos lares capitaneados por Esperanza Aguirre soplan malos aires para todo lo público.

La sanidad es un uno de los principales elementos que conforman el estado del bienestar y en nuestro país, en el que todavía hay muchos flecos que solucionar en esta materia, vemos que la Presidenta de la Comunidad madrileña en pleno éxtasis liberalizador, ha puesto en pié al colectivo sanitario en defensa del sistema público de salud que se ve seriamente amenazado por la infame política neoliberal que ejerce con mano de hierro el PP en la Comunidad de Madrid.

¿Qué ocurre en Madrid? Desde la presidencia de la comunidad se ha llevado desde hace tiempo una política de desprestigio y descrédito tanto de los profesionales como del sistema público para justificar el traspaso de la gestión de los hospitales y centros de salud a empresas privadas.

Recordemos las denuncias inducidas contra los profesionales del Hospital Severo Ochoa, que se saldó con ceses, movilizaciones y con una investigación que acabó dando la razón a quien la tenía: el colectivo sanitario.

La privatización de la sanidad resulta ser un negocio muy lucrativo para las empresas que se dedican a ello. Estas empresas integradas por un pool empresarial en el que la construcción tiene un papel destacado, construyen un hospital, lo dotan de todo el material necesario para iniciar la actividad, contratan al personal de oficio y administrativo quedando el personal médico y de enfermería a cargo de la Consejería de salud. (Se trata de personal estatuario en su mayor parte).

Por el uso de las instalaciones y la prestación de servicios sanitarios, la Comunidad de Madrid paga a estas empresas un alquiler mensual y una cantidad por usuario.

Hemos visto recientemente en los medios informativos, las movilizaciones ciudadanas y de los profesionales del nuevo Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda. Tanto los profesionales sanitarios como los ciudadanos denunciaban el estado de las instalaciones de este nuevo centro, que siendo de reciente creación, no tiene la dotación de aparataje ni de personal para atender a los pacientes. La respuesta del Consejero Güelmes a esta situación no ha podido ser más elocuente: los alborotadores están pagados para desestabilizar el Gobierno de la Comunidad.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? A parte de los delirios privatizadores de la Presidenta, una externalización de servicios de esta magnitud no se puede llevar a cabo sin un marco legal que le dé cobertura. Este marco existe y se viene aplicando en España desde hace tiempo, aunque de forma más sibilina, este sería el caso de Cataluña, que en la etapa de gobiernos nacionalistas se emprendió una política de externalización de servicios que no se ha parado todavía.

La Ley 15/97 aprobada en el Congreso con los votos de PP-PSOE y la oposición de BNG e IU, abre la puerta a una larga lista de posibilidades privatizadoras de los servicios públicos sanitarios.

Los diputados del PSOE en el Parlamento de la Comunidad, que ahora braman contra la presidenta y sus políticas neoliberales, deberían sonrojarse un poquito ante esta situación que el PSOE contribuyó a crear. Una ley de este calado puede ser un arma mortífera en manos de según quien y si encima es una ley mal elaborada, en que no quedan bien acotados los márgenes y los límites, peor que peor.

En el Reino Unido ya se experimentó este sistema de gestión privada de la sanidad y el resultado no puede ser peor. Hemos leído noticias de hospitales gestionados por empresas privadas en los que se han detectado y confirmado más infecciones nosocomiales, más recaídas en las patologías de los pacientes por dar altas anticipadas, higiene por debajo de los niveles mínimos aceptables y un largo etcétera de despropósitos a los que se llega cuando se persigue el beneficio y para que este sea lo mayor posible, se ahorra en medios y en personal.

Es un contrasentido que en estos momentos de grave crisis económica en que los postulados neoliberales han alcanzado los más altos niveles de descrédito, se lleven a término privatizaciones tan salvajes con un coste social tan elevado.

En Madrid, la privatización se ha iniciado en centros de nueva creación y según anuncian le seguirán los centros emblemáticos de aquella ciudad: La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, etc.

Ante esta grave amenaza, habría que emprender acciones de envergadura, de profundo calado, en las que los ciudadanos junto a los profesionales y los sindicatos fueran capaces de parar a Esperanza Aguirre. De no ser así lo lamentaremos todos y no tendremos derecho al llanto. Queda dicho.