sábado, 8 de noviembre de 2008

OBAMA FOR PRESIDENT









El candidato demócrata Obama ha ganado las elecciones por goleada en contra de lo que muchos querían y vaticinaban de forma más que interesada.

Un cambio de ciclo de esta envergadura conviene a los Estados Unidos, después de la etapa de George W. Bush, que ha sumido a aquél país en el caos tanto social como político, dejando al nuevo inquilino de la Casa Blanca toda una serie de conflictos bélicos en marcha de difícil manejo además de una crisis económica de gran magnitud, fruto de las veleidades desreguladoras y de la rapiña ultraliberal.
En este marco de grave crisis económica se hace más difícil poner en marcha políticas sociales capaces de dar un vuelco a la grave situación de una gran parte de la sociedad que se encuentra desprotegida.

La etapa Bush se ha caracterizado por la dureza del discurso y de la acción política, que ha desatendido -como es el caso de New Orleans, azotada por las inundaciones-, las políticas de infraestructuras y a las personas damnificadas.

El capitalismo compasivo que anunciaba Bush al iniciar su mandato, ha brillado por su ausencia.

Con Bush en el poder, se han aupado a puestos de gran relevancia política personajes de la talla y catadura moral de Chenney Rumsfield, destacados apóstoles del pensamiento neocon, conectados en primera persona con el aparato militar industrial que ha visto crecer sus ganancias de forma espectacular con los conflictos iniciados durante esta etapa. Los grupos empresariales de ese sector, no han podido tener mejores valedores.

Obama, elegido presidente de aquel gran país, tiene ante sí asuntos de difícil solución como Guantánamo, ese limbo jurídico inventado por los halcones donde se ha elevado a categoría de sacramento la tortura y el más repugnante desprecio por la opinión pública, tanto americana como del resto del mundo civilizado.

Reconducir los conflictos bélicos de Irak y Afganistán, requerirá buenas dosis de consenso internacional y colaboración europea para que entren en una fase de resolución más o menos definitiva.

Durante estos últimos ocho años la sociedad norteamericana y su gobierno, han circulado por vías distintas sin posibilidad de coincidencia en ningún punto. Los Estados Unidos de América han estado más aislados del mundo que nunca, más odiados o despreciados por muchos, merced a las políticas imperiales de Bush que han ayudado a colocar en el punto de mira de los terroristas a toda la sociedad americana y a sus aliados.

La sociedad norteamericana le ha visto las orejas al lobo en los últimos años de mandato de Bush y se ha dado cuenta de que por este camino sólo se iba al desastre.

Muchos han creído que la sociedad de aquél país todavía no estaba preparada para tener un presidente negro, con la seguridad de que muchos no le votarían por ese motivo, Obama ha ido aglutinando a su alrededor sectores sociales (mujeres y jóvenes) que desean un cambio en las relaciones de América con el mundo y otro estilo de gobernar más sensible con las necesidades y los problemas de la sociedad.

La llegada de Obama al poder es la culminación de un proceso iniciado en la etapa de segregación racial, a las luchas de Martin Luter King y muchos otros y a las políticas de Lindon Jhonson. Obama es consecuencia y causa de todos ellos.

No hay que esperar sin embargo cambios excepcionales en aquél país, no nos equivoquemos. Los cambios serán paulatinos, dosificados dado que la situación económica no da para mucho y porque el ideario de Obama no es precisamente revolucionario, ni tan sólo socialdemócrata, y en hipotético caso de que lo fuera tampoco le dejarían. Obama y su equipo de colaboradores podrán poner un poco de orden en la hacienda pública, revisar la cuestión fiscal, mejorar las condiciones de los sin techo y los parados y con un poco de suerte, iniciar lo que Clinton dejó en el cajón, es decir, crear una seguridad social que diera cobertura sanitaria a esos aproximadamente cincuenta millones de ciudadanos que carecen de ella. Ahí es nada.

domingo, 19 de octubre de 2008

LA SANIDAD EN MADRID

La sanidad de la Comunidad de Madrid anda revuelta y no por capricho reivindicativo.
Por aquellos lares capitaneados por Esperanza Aguirre soplan malos aires para todo lo público.

La sanidad es un uno de los principales elementos que conforman el estado del bienestar y en nuestro país, en el que todavía hay muchos flecos que solucionar en esta materia, vemos que la Presidenta de la Comunidad madrileña en pleno éxtasis liberalizador, ha puesto en pié al colectivo sanitario en defensa del sistema público de salud que se ve seriamente amenazado por la infame política neoliberal que ejerce con mano de hierro el PP en la Comunidad de Madrid.

¿Qué ocurre en Madrid? Desde la presidencia de la comunidad se ha llevado desde hace tiempo una política de desprestigio y descrédito tanto de los profesionales como del sistema público para justificar el traspaso de la gestión de los hospitales y centros de salud a empresas privadas.

Recordemos las denuncias inducidas contra los profesionales del Hospital Severo Ochoa, que se saldó con ceses, movilizaciones y con una investigación que acabó dando la razón a quien la tenía: el colectivo sanitario.

La privatización de la sanidad resulta ser un negocio muy lucrativo para las empresas que se dedican a ello. Estas empresas integradas por un pool empresarial en el que la construcción tiene un papel destacado, construyen un hospital, lo dotan de todo el material necesario para iniciar la actividad, contratan al personal de oficio y administrativo quedando el personal médico y de enfermería a cargo de la Consejería de salud. (Se trata de personal estatuario en su mayor parte).

Por el uso de las instalaciones y la prestación de servicios sanitarios, la Comunidad de Madrid paga a estas empresas un alquiler mensual y una cantidad por usuario.

Hemos visto recientemente en los medios informativos, las movilizaciones ciudadanas y de los profesionales del nuevo Hospital Puerta de Hierro en Majadahonda. Tanto los profesionales sanitarios como los ciudadanos denunciaban el estado de las instalaciones de este nuevo centro, que siendo de reciente creación, no tiene la dotación de aparataje ni de personal para atender a los pacientes. La respuesta del Consejero Güelmes a esta situación no ha podido ser más elocuente: los alborotadores están pagados para desestabilizar el Gobierno de la Comunidad.

¿Cómo hemos llegado a esta situación? A parte de los delirios privatizadores de la Presidenta, una externalización de servicios de esta magnitud no se puede llevar a cabo sin un marco legal que le dé cobertura. Este marco existe y se viene aplicando en España desde hace tiempo, aunque de forma más sibilina, este sería el caso de Cataluña, que en la etapa de gobiernos nacionalistas se emprendió una política de externalización de servicios que no se ha parado todavía.

La Ley 15/97 aprobada en el Congreso con los votos de PP-PSOE y la oposición de BNG e IU, abre la puerta a una larga lista de posibilidades privatizadoras de los servicios públicos sanitarios.

Los diputados del PSOE en el Parlamento de la Comunidad, que ahora braman contra la presidenta y sus políticas neoliberales, deberían sonrojarse un poquito ante esta situación que el PSOE contribuyó a crear. Una ley de este calado puede ser un arma mortífera en manos de según quien y si encima es una ley mal elaborada, en que no quedan bien acotados los márgenes y los límites, peor que peor.

En el Reino Unido ya se experimentó este sistema de gestión privada de la sanidad y el resultado no puede ser peor. Hemos leído noticias de hospitales gestionados por empresas privadas en los que se han detectado y confirmado más infecciones nosocomiales, más recaídas en las patologías de los pacientes por dar altas anticipadas, higiene por debajo de los niveles mínimos aceptables y un largo etcétera de despropósitos a los que se llega cuando se persigue el beneficio y para que este sea lo mayor posible, se ahorra en medios y en personal.

Es un contrasentido que en estos momentos de grave crisis económica en que los postulados neoliberales han alcanzado los más altos niveles de descrédito, se lleven a término privatizaciones tan salvajes con un coste social tan elevado.

En Madrid, la privatización se ha iniciado en centros de nueva creación y según anuncian le seguirán los centros emblemáticos de aquella ciudad: La Paz, Ramón y Cajal, 12 de Octubre, etc.

Ante esta grave amenaza, habría que emprender acciones de envergadura, de profundo calado, en las que los ciudadanos junto a los profesionales y los sindicatos fueran capaces de parar a Esperanza Aguirre. De no ser así lo lamentaremos todos y no tendremos derecho al llanto. Queda dicho.

domingo, 5 de octubre de 2008

LA CRISIS y (2)



He leído hace poco en un periódico digital, unas declaraciones de un profesor de teoría económica de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona que me han puesto los pelos de punta.

El señor Niño, que es el profesor en cuestión, lanza una batería de apocalípticos pronósticos sobre la economía mundial y la española en particular que no son nada halagüeños, más bien todo lo contrario.

Dice el profesor, que la crisis durará mucho tiempo, que nos esperan unos años de descenso por la pendiente hasta por lo menos el año 2012 o quizás el 2010, con pérdida de empleo, cierre de empresas y todo lo peor que nos podamos imaginar.
Para empezar, se me plantea una seria duda sobre la exactitud de las fechas, lo que me lleva a desconfiar de la bola de cristal del reputado profesor.

Creo yo que si uno no está en condiciones de demostrar con datos fiables y contrastados el devenir de la situación económica, haría bien en callarse. La simple lectura del artículo entrevista hace temer un futuro muy poco prometedor y a tenor de lo que el profesor Niño predice, uno se imagina un escenario aterrador. Se me hace difícil creer que se destruirá empleo hasta el año 2012 y que después de este periodo se reactivará la economía y el empleo de forma muy tímida.

Este escenario comportaría un número de parados seguramente superior a los 4.000.000 y un descenso de los ingresos del estado que sin duda podríamos calificar de cataclísmico para el país.

Este tipo de afirmaciones, creo yo, que hay que moderarlas y ser cauto a la hora de hacerlas públicas, con más motivo cuando el que las hace es un responsable académico.

No sería de recibo un discurso diametralmente opuesto, que quitara gravedad a la situación, que realmente es preocupante a juzgar por el ritmo de crecimiento del número de parados y los expedientes de regulación de empleo pendientes del dictamen por la autoridad laboral competente. El consumo interno arroja cifras que muestran un claro retroceso de la capacidad de gasto y el aumento de la morosidad de particulares y empresas está contribuyendo a una agudización de los problemas y a que cale en el conjunto de la sociedad la sensación de que las cosas van peor de lo que van en realidad.

El gobierno de Rodríguez Zapatero desde un principio no ha actuado con la diligencia y rapidez que cabía esperar. El mero hecho de resistirse a llamar a las cosas por su nombre ya es un claro síntoma de que iban por detrás del problema.
Se ha echado en falta un discurso claro, valiente y sincero por parte de los timoneles de este asunto. Llamar desaceleración a una crisis que se venía gestando desde hacía un año, ha sido una clara muestra de incapacidad y falta de reflejos.

Hubiera sido mucho mejor para todos, llamar a las cosas por su nombre desde el primer momento y convocar a patronales y sindicatos para hacer frente a la situación que se estaba gestando.

Los ciudadanos tienen la impresión de que el gobierno está desbordado por la situación y que actúa a remolque de los hechos, lanzando baterías de propuestas que acaban por no ser tenidas en cuenta por su improvisación y esa falta de confianza que han generado ellos mismos.

miércoles, 1 de octubre de 2008

A VUELTAS CON LA CRISIS (I)



Desde hace bastantes días venimos oyendo propuestas, análisis y diagnósticos más o menos ocurrentes sobre la tan traída y llevada crisis, recesión o (para algunos) desaceleración, aunque a estas alturas me parecería un sarcasmo seguir abundando en lo de desaceleración, viendo lo que está cayendo.

No digo nada nuevo al afirmar que esta crisis (vamos a llamar a las cosas por su nombre) tiene una trascendencia muy superior a las que hemos venido padeciendo en los últimos decenios.

Todas las crisis tienen rasgos comunes a pesar de que los desencadenantes son en cada caso, de etiología diversa. Lo que no cambia sin embargo, es el sujeto paciente de esta crisis y en definitiva, el último eslabón de la cadena que será sin duda quien en definitiva va a pagar por activa y por pasiva los peores efectos de la crisis.

Sin el menor sonrojo, no ha faltado quienes han pedido de inmediato, moderación salarial, congelación de salarios, eliminación de cláusulas de revisión, así como flexibilización del mercado de trabajo. Aprovechando que el río Pisuerga pasa por Valladolid, se quiere dar a entender que son los salarios uno de los factores que provocan la crisis o bien que coadyuvan a su empeoramiento.

Ninguno de estos voceros de la patronal hace la más mínima autocrítica sobre la vorágine especulativa del sector inmobiliario que nos ha castigado durante los últimos tiempos, ninguno de estos empresarios ha levantado la voz poniendo en entredicho este desmesurado afán de ganar más y más con unos márgenes abusivos en la venta de los pisos.

Piden (algunos) que se abra un paréntesis en la economía de mercado. No sé lo que quieren decir exactamente con esta afirmación.

La falta de reglas y normas de este capitalismo anfetamínico nos ha llevado al punto en el que estamos: Intereses al alza, viviendas sin vender e hipotecas que no se pueden pagar; todo ello en un escenario en el que el paro no para de ganar enteros.

No creo a los que se atreven a decir que hay un antes y un después de esta crisis, o dicho de otra manera, que nada volverá a ser igual.

Está en la propia naturaleza de este sistema la generación de desigualdades, la promoción de la pobreza de unos muchos para el enriquecimiento exagerado de unos pocos.

¿Alguien cree que el capitalismo se dotará de normas y reglas para no volver a las andadas?, sinceramente no lo creo. Cuando se hayan repuesto del susto y las arcas públicas (con el dinero de todos) llenen los agujeros, volverán a lo de siempre y si no, al tiempo.

jueves, 11 de septiembre de 2008

¿QUIÉN JUZGA AL JUZGADOR?

El juez Rafael Tirado elaborando una sentencia


Esta es la pregunta de seguramente se plantean con indignación muchos ciudadanos al conocer el fallo del Consejo General del Poder Judicial, que se quita de encima un caso más de inoperancia o mala praxis de un juez.

El caso que se juzgaba era muy grave, ya que si el juez Rafael Tirado hubiera actuado con diligencia muy posiblemente la niña Mari Luz Cortés hoy estaría viva.

El único responsable de ejecutar una sentencia es el juez que la ha dictado y no es válido parapetarse detrás del colapso judicial para eludir las responsabilidades. El juzgador, en quien recae la responsabilidad de impartir justicia no puede eludir sus responsabilidades con la sociedad y el estado.

Al hacerse pública la sentencia en que se condena al juez Tirado a pagar una multa de 1.500 euros por no ejecutar la sentencia que mandaba a la cárcel a santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. El condenado debía cumplir condena por abusos sexuales a su propia hija, según acordó el juez Rafael Tirado en el año 2005 y esta sentencia no se mandó ejecutar hasta el pasado mes de noviembre, cuando la niña Mari Luz ya estaba muerta.

La sentencia que obliga a pagar el Juez 1.500 euros, es una bofetada para los padres de la niña Mari Luz y socava aún más la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Por lo escandaloso y ridículo de la sentencia, los ciudadanos estamos en nuestro derecho a pensar que el corporativismo ha sido fundamental a la hora de evaluar los pros y los contras de esa sentencia, pues no en vano, ha habido dos votos particulares en su contra.

La magistrada Montserrat Comas, fue muy dura a la hora de comentar una sanción tan poco acorde con la gravedad de la falta, aunque de poco sirve la opinión de jueces que como ella tienen tan claro su papel, cuando lo que predomina en esas instituciones es lo más reaccionario y casposo de la carrera judicial.

Seguramente muchos nos preguntamos si en el caso de que los padres de la niña no fueran de clase humilde, quizá sus señorías hubieran sacrificado la carrera del juez Tirado, dejando el corporativismo para mejor ocasión.

Con esta sentencia todos estamos, en este país, un poco más indefensos y un poco más cabreados.

domingo, 7 de septiembre de 2008

DERECHO CONCULCADO


Estos expertos en derecho debaten sobre lo que más abajo se dice


He leído en el boletín Comfia de CC.OO, una noticia que me ha dejado un tanto perplejo a la vez que indignado. La noticia hace referencia a la vulneración de derechos a una trabajadora del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No debemos dejar de considerar el hecho de que se trata de un hospital público, dependiente del Gobierno de Aragón, realidad que me obliga a contemplar y valorar este conflicto de una forma más severa, al ser una institución del estado quien a través de un calificado funcionario vulnera una norma que al primero que obliga es a ese propio estado.

Ana Sesé, gerente del sector II del Servicio Aragonés de Salud, dictó una resolución en la que se denegaba la reducción de jornada a una auxiliar de enfermería de dicho hospital.

Con esta resolución denegatoria la gerente ha vulnerado la Ley de igualdad efectiva y el Plan concilia, ya que esta trabajadora solicitaba esta reducción para poder atender mejor a sus hijos.

Los motivos aducidos por la gerencia del servicio, son tan peregrinos como carentes de ninguna base legal o laguna de la ley vigente, ya que está previsto que en caso de no disponer de profesionales para cubrir estas reducciones horarias, se puede recurrir a la bolsa de trabajo o bien a la contratación directa en el caso de que la referida bolsa no pueda proveer de personal de determinado perfil o categoría para cubrir vacantes.

Es alarmante que sean los centros que dependen de la administración autonómica o estatal los primeros en vulnerar e incumplir la ley con una frialdad pasmosa, sin que ninguna instancia superior diga nada al respecto o corrija estos comportamientos.

Creo yo, que si la política no cree necesario velar por una escrupulosa aplicación de las normas que esta crea, estamos ante una situación muy preocupante, a la par que perversa, pues no sería de recibo que los beneficiarios de determinadas leyes tuvieran que recurrir a los tribunales de lo social para que se les reconociera un derecho amparado por una ley específica creada para resolver una situación específica que impide la conciliación del trabajo profesional con la vida familiar.
Estas situaciones tan esperpénticas no hacen otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política, por la desconfianza que generan y por el descrédito que acumula esta clase política tan falta de conocimientos, rigor y sensibilidad.

Mientras, unos amigos estamos recogiendo dinero y firmas para rendir un merecido homenaje a esta directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, que responde al nombre de Ana Sesé.

No vayamos a pensar que este es un caso aislado que afecta a una trabajadora aragonesa. En todas partes las direcciones de recursos humanos intentan pasar el cepillo a las leyes que reconocen derechos que comportan tener que contratar personal para cubrir libranzas.

En la sanidad pública, las relaciones laborales son bastante duras por lo general, con una escasa respuesta sindical y la pasividad de los trabajadores y no me atrevo a decir cuál de las dos situaciones es consecuencia de la otra. Algo está pasando en este sector, tan castigado por los contratos precarios, raquíticos presupuestos y plantillas insuficientes.

Si la sanidad es uno de los pilares del tan cacareado por todos los dirigentes políticos, estado del bien estar, estamos bien apañados.

No se puede tener al personal sanitario permanentemente cabreado, con sobrecargas de trabajo y sueldos que distan mucho de lo razonable, si tenemos en cuenta el trabajo que se lleva a cabo.

viernes, 15 de agosto de 2008

FERNANDO GIMENO Y CÍA.




En el diario EL PAÍS de hace unos días venía un reportaje entrevista con el que fue director médico del Hospital Severo Ochoa de Leganés.
Me refiero al Doctor Fernando Gimeno, que pagó con creces su dedicación y entrega a un tipo de medicina que no gusta al poder y menos si el poder lo tiene el Partido Popular.


Ya se ha hablado y escrito mucho sobre lo que sucedió en aquél centro sanitario público, se ha hablado del Doctor Montes y de la complicidad que generaba en el personal la filosofía que aplicaban en el trato, la asistencia y los cuidados que dispensaban a los pacientes que acudían a aquél centro en busca de consuelo y remedio para sus achaques, consuelo y alivio que en muchas ocasiones era lo único que podían dispensar, junto a un trato humano y cercano para con el paciente y su familia.

Tanto el Dr. Montes como el Dr. Gimeno pagaron muy cara su entrega y dedicación a un tipo de asistencia en el que se ponía por delante de todo al paciente y su circunstancia bio-psico-social.

No es irrelevante a la hora de comprender los desencadenante que originaron su decapitación social y profesional, su clara adscripción a la izquierda.
Cuenta Gimeno que teniendo todos los pronunciamientos favorables por parte de la justicia, nadie les ha pedido disculpas ni se ha retractado de lo dicho, de la cantidad de basura vertida sobre las personas que por hacer su trabajo han visto sus nombres en los periódicos con un interrogante en sus cabezas y la permanente sospecha sobre si su actuación se ajustaba a la ley.

Lo más enervante del caso es que Gimeno no puede trabajar en Madrid ni en ninguna comunidad autónoma en la que gobierne el PP. Los motivos ya nos los podemos imaginar.

El modo de actuar y la clara apuesta por una medicina pública y de calidad, choca frontalmente con la filosofía de la consejería de sanidad de Esperanza Aguirre. El modelo de Aguirre es claramente privatizador y ajeno a los intereses de quienes son los destinatarios de los servicios y prestaciones.

La sanidad pública no puede prescindir de elementos comprometidos con la cosa pública como Montes y Gimeno. No es de recibo que después de tantos años de trabajo y compromiso deban coger el atillo e iniciar una peregrinación por la geografía española en busca de un puesto de trabajo, intentando evitar (por supuesto) determinadas áreas geográficas donde saben que les van a dar con la puerta en las narices.
Lo más indignante de toda esta historia es la escasa reacción del colectivo médico, que parece a todas luces más preocupado por las reivindicaciones salariales y de otra índole, asimismo, los partidos políticos de la izquierda gobernante o no, han tenido una respuesta tímida, testimonial y nada eficaz.
Mientras tanto el Consejero Lamela, artífice del montaje contra los profesionales del Severo Ochoa ha sido destituido por Esperanza Aguirre por sus sospechosa afinidades centristas.