Vengo repasando la prensa en formato digital y no salgo de mi asombro. Veo que Bibiana Aído ha sido nombrada asesora de la ONU en temas de la mujer. Esa señora que acuñó el vocablo “miembra” para referirse a las mujeres que formaban parte del gobierno, le ha tocado la lotería, me explico. De directora general de flamenco en la Junta de Andalucía pasó para formar parte del gobierno paritario de ZP, al que la formación y capacidad de sus miembros y “miembras” le importaba un pito, solo era relevante que hubiera el mismo número de machos que de hembras. Ignoro si el cargo de asesora de la ONU es retribuido pero lo cierto es que servirá para trabajarse a los contactos y explorar nuevos horizontes profesionales.
Mi pregunta es si esa señora puede aportar algo donde sea que vaya. ¿Alguien sabe que ha dicho o propuesto esta señora a lo largo de su estancia en los gabinetes ministeriales o direcciones generales, que sea digno de tener en cuenta? El paso de esa señora por la administración ¿ha favorecido o perjudicado a las mujeres en su conjunto? ¿No había otras mujeres, aunque fueran mayor (bendita senectud) para ocupar un cargo ministerial o de asesoría en la ONU? Parece que tener una edad sea un impedimento para ocupar un cargo, ya sea en la administración o en la empresa privada. El capital de experiencia y conocimientos se toda una generación se tira por la borda y todos tan contentos. Da la impresión que para el único cargo que quieren no ya a personas de cierta edad sino ancianos es en RTVE, que está presidida por Don Alberto Oliart más que octogenario y exministro de defensa en la convulsa y delicada etapa de la presidencia de Calvo Sotelo.
También me he tropezado con la noticia de que los ediles que están tomando posesión de sus cargos en las diferentes alcaldías a la par que estudian las posibilidades de nueva decoración de su despacho, se están pasando por la cruz de los pantalones las medidas de austeridad, aumentándose el sueldo hasta en algunos casos un 113%. Este asunto creo yo que merece una reflexión para no caer en la fácil demagogia. El munícipe que se aumentó un 113% llegará a cobrar 44.800 euros al año, que no es ningún disparate si dedica su tiempo íntegramente a ejercer de alcalde. No sé si este será el caso pero repasando la adscripción política de los alcaldes que están saltando a la fama por esos porcentajes abusivos, hay gente de todos los pelajes y gustos, mejor dicho, están casi todos empezando por el PP siguiendo con el PSOE y pasando por CiU que no se queda corta en nada y para nada.
Creo que desde el Parlamento habría que tratar de poner orden a esta situación, el sueldo de un alcalde no puede ni debe ser algo discrecional de cada corporación. Esto debe regularse de una vez para seguir fomentando este sistema que no obedece a ningún convenio colectivo, a ningún referente legal que se tome como punto de partida ni a otra cosa que no sea el hecho de que se apruebe por mayoría.
No hace muchos días, Felipe González mientras comentaba la necesidad de destinar recursos al sistema público de salud, puso sobre la mesa la necesidad de plantearse la existencia de la diputaciones como forma de abaratar y adelgazar la administración, en el mismo sentido también habló de la necesidad de reformar la administración local en el sentido de sumar poblaciones para compartir gastos y servicios que hasta ahora están duplicados y más que un gasto son un auténtico despilfarro. Sería, si se siguiera por esta vereda con vocación de autovía, la ocasión apropiada para abordar el tema de las retribuciones de los cargos públicos así como su dedicación al cargo.
Para llevar a cabo una reforma de este calado se requiere además de voluntad política por parte de quien gobierna un gran sentido de estado por parte de todos y no solo de la oposición, me refiero a los partidos políticos que tiene en los ayuntamientos y diputaciones un auténtico pesebre en el que comen y beben muchos de sus cuadros, afiliados, familiares y amigos de los amigos de los que algún día lo fueron. En definitiva un auténtico chorro de millones que se pierde entre los dedos de la administración y que podría ser empleado en cosas más productivas y socialmente rentables.
No se puede entender la política si no es como un servicio o una función que se desempeña voluntariamente en beneficio de todos y por consiguiente debe ser función de la política buscar las formas más transparentes para llevar a cabo políticas encaminadas al bienestar de la mayoría. Esto es incompatible con el mantenimiento de unas estructuras burocráticas y funcionariales que representan un lastre de todo tipo, tanto económico como de agilidad en el planteamiento, estudio y ejecución de acciones que asimismo, se ven mermadas por el elevado coste de esas estructuras administrativas.
Con demasiada frecuencia las diputaciones provinciales han servido de contrapoder frente al poder autonómico en el que se han acantonado elementos que no deberían haber entrado nunca a formar parte de esa institución.
No sé si las diputaciones deben desaparecer absolutamente o deben adelgazar su estructura pasando muchas de sus funciones a los gobiernos autonómicos, lo que si sé es que me resulta difícil de comprender que la Diputación de Barcelona tenga en nómina a más de 5.000 empleados de todos los niveles. No me salen las cuentas y no creo que le salgan tampoco a quienes han fomentado y creado este mastodontico parque temático de funcionarios, enchufados, amigos de los enchufados, futuros alcaldables hibernados, titiriteros, pseudo animadores culturales y demás fauna ibérica.
No podemos seguir así, metámosle mano a eso antes de que sea más tarde, aunque la nueva correlación de fuerzas vigente en Catalunya PP-CiU, tomará las riendas de esta institución, despedirá a muchos para colocar a los suyos. Como está mandado por la tradición.
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