jueves, 11 de septiembre de 2008

¿QUIÉN JUZGA AL JUZGADOR?

El juez Rafael Tirado elaborando una sentencia


Esta es la pregunta de seguramente se plantean con indignación muchos ciudadanos al conocer el fallo del Consejo General del Poder Judicial, que se quita de encima un caso más de inoperancia o mala praxis de un juez.

El caso que se juzgaba era muy grave, ya que si el juez Rafael Tirado hubiera actuado con diligencia muy posiblemente la niña Mari Luz Cortés hoy estaría viva.

El único responsable de ejecutar una sentencia es el juez que la ha dictado y no es válido parapetarse detrás del colapso judicial para eludir las responsabilidades. El juzgador, en quien recae la responsabilidad de impartir justicia no puede eludir sus responsabilidades con la sociedad y el estado.

Al hacerse pública la sentencia en que se condena al juez Tirado a pagar una multa de 1.500 euros por no ejecutar la sentencia que mandaba a la cárcel a santiago del Valle, presunto asesino de la niña Mari Luz Cortés. El condenado debía cumplir condena por abusos sexuales a su propia hija, según acordó el juez Rafael Tirado en el año 2005 y esta sentencia no se mandó ejecutar hasta el pasado mes de noviembre, cuando la niña Mari Luz ya estaba muerta.

La sentencia que obliga a pagar el Juez 1.500 euros, es una bofetada para los padres de la niña Mari Luz y socava aún más la confianza de los ciudadanos en la justicia.

Por lo escandaloso y ridículo de la sentencia, los ciudadanos estamos en nuestro derecho a pensar que el corporativismo ha sido fundamental a la hora de evaluar los pros y los contras de esa sentencia, pues no en vano, ha habido dos votos particulares en su contra.

La magistrada Montserrat Comas, fue muy dura a la hora de comentar una sanción tan poco acorde con la gravedad de la falta, aunque de poco sirve la opinión de jueces que como ella tienen tan claro su papel, cuando lo que predomina en esas instituciones es lo más reaccionario y casposo de la carrera judicial.

Seguramente muchos nos preguntamos si en el caso de que los padres de la niña no fueran de clase humilde, quizá sus señorías hubieran sacrificado la carrera del juez Tirado, dejando el corporativismo para mejor ocasión.

Con esta sentencia todos estamos, en este país, un poco más indefensos y un poco más cabreados.

domingo, 7 de septiembre de 2008

DERECHO CONCULCADO


Estos expertos en derecho debaten sobre lo que más abajo se dice


He leído en el boletín Comfia de CC.OO, una noticia que me ha dejado un tanto perplejo a la vez que indignado. La noticia hace referencia a la vulneración de derechos a una trabajadora del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No debemos dejar de considerar el hecho de que se trata de un hospital público, dependiente del Gobierno de Aragón, realidad que me obliga a contemplar y valorar este conflicto de una forma más severa, al ser una institución del estado quien a través de un calificado funcionario vulnera una norma que al primero que obliga es a ese propio estado.

Ana Sesé, gerente del sector II del Servicio Aragonés de Salud, dictó una resolución en la que se denegaba la reducción de jornada a una auxiliar de enfermería de dicho hospital.

Con esta resolución denegatoria la gerente ha vulnerado la Ley de igualdad efectiva y el Plan concilia, ya que esta trabajadora solicitaba esta reducción para poder atender mejor a sus hijos.

Los motivos aducidos por la gerencia del servicio, son tan peregrinos como carentes de ninguna base legal o laguna de la ley vigente, ya que está previsto que en caso de no disponer de profesionales para cubrir estas reducciones horarias, se puede recurrir a la bolsa de trabajo o bien a la contratación directa en el caso de que la referida bolsa no pueda proveer de personal de determinado perfil o categoría para cubrir vacantes.

Es alarmante que sean los centros que dependen de la administración autonómica o estatal los primeros en vulnerar e incumplir la ley con una frialdad pasmosa, sin que ninguna instancia superior diga nada al respecto o corrija estos comportamientos.

Creo yo, que si la política no cree necesario velar por una escrupulosa aplicación de las normas que esta crea, estamos ante una situación muy preocupante, a la par que perversa, pues no sería de recibo que los beneficiarios de determinadas leyes tuvieran que recurrir a los tribunales de lo social para que se les reconociera un derecho amparado por una ley específica creada para resolver una situación específica que impide la conciliación del trabajo profesional con la vida familiar.
Estas situaciones tan esperpénticas no hacen otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política, por la desconfianza que generan y por el descrédito que acumula esta clase política tan falta de conocimientos, rigor y sensibilidad.

Mientras, unos amigos estamos recogiendo dinero y firmas para rendir un merecido homenaje a esta directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, que responde al nombre de Ana Sesé.

No vayamos a pensar que este es un caso aislado que afecta a una trabajadora aragonesa. En todas partes las direcciones de recursos humanos intentan pasar el cepillo a las leyes que reconocen derechos que comportan tener que contratar personal para cubrir libranzas.

En la sanidad pública, las relaciones laborales son bastante duras por lo general, con una escasa respuesta sindical y la pasividad de los trabajadores y no me atrevo a decir cuál de las dos situaciones es consecuencia de la otra. Algo está pasando en este sector, tan castigado por los contratos precarios, raquíticos presupuestos y plantillas insuficientes.

Si la sanidad es uno de los pilares del tan cacareado por todos los dirigentes políticos, estado del bien estar, estamos bien apañados.

No se puede tener al personal sanitario permanentemente cabreado, con sobrecargas de trabajo y sueldos que distan mucho de lo razonable, si tenemos en cuenta el trabajo que se lleva a cabo.