domingo, 7 de septiembre de 2008

DERECHO CONCULCADO


Estos expertos en derecho debaten sobre lo que más abajo se dice


He leído en el boletín Comfia de CC.OO, una noticia que me ha dejado un tanto perplejo a la vez que indignado. La noticia hace referencia a la vulneración de derechos a una trabajadora del Hospital Miguel Servet de Zaragoza. No debemos dejar de considerar el hecho de que se trata de un hospital público, dependiente del Gobierno de Aragón, realidad que me obliga a contemplar y valorar este conflicto de una forma más severa, al ser una institución del estado quien a través de un calificado funcionario vulnera una norma que al primero que obliga es a ese propio estado.

Ana Sesé, gerente del sector II del Servicio Aragonés de Salud, dictó una resolución en la que se denegaba la reducción de jornada a una auxiliar de enfermería de dicho hospital.

Con esta resolución denegatoria la gerente ha vulnerado la Ley de igualdad efectiva y el Plan concilia, ya que esta trabajadora solicitaba esta reducción para poder atender mejor a sus hijos.

Los motivos aducidos por la gerencia del servicio, son tan peregrinos como carentes de ninguna base legal o laguna de la ley vigente, ya que está previsto que en caso de no disponer de profesionales para cubrir estas reducciones horarias, se puede recurrir a la bolsa de trabajo o bien a la contratación directa en el caso de que la referida bolsa no pueda proveer de personal de determinado perfil o categoría para cubrir vacantes.

Es alarmante que sean los centros que dependen de la administración autonómica o estatal los primeros en vulnerar e incumplir la ley con una frialdad pasmosa, sin que ninguna instancia superior diga nada al respecto o corrija estos comportamientos.

Creo yo, que si la política no cree necesario velar por una escrupulosa aplicación de las normas que esta crea, estamos ante una situación muy preocupante, a la par que perversa, pues no sería de recibo que los beneficiarios de determinadas leyes tuvieran que recurrir a los tribunales de lo social para que se les reconociera un derecho amparado por una ley específica creada para resolver una situación específica que impide la conciliación del trabajo profesional con la vida familiar.
Estas situaciones tan esperpénticas no hacen otra cosa que alejar a los ciudadanos de la política, por la desconfianza que generan y por el descrédito que acumula esta clase política tan falta de conocimientos, rigor y sensibilidad.

Mientras, unos amigos estamos recogiendo dinero y firmas para rendir un merecido homenaje a esta directora gerente del Servicio Aragonés de Salud, que responde al nombre de Ana Sesé.

No vayamos a pensar que este es un caso aislado que afecta a una trabajadora aragonesa. En todas partes las direcciones de recursos humanos intentan pasar el cepillo a las leyes que reconocen derechos que comportan tener que contratar personal para cubrir libranzas.

En la sanidad pública, las relaciones laborales son bastante duras por lo general, con una escasa respuesta sindical y la pasividad de los trabajadores y no me atrevo a decir cuál de las dos situaciones es consecuencia de la otra. Algo está pasando en este sector, tan castigado por los contratos precarios, raquíticos presupuestos y plantillas insuficientes.

Si la sanidad es uno de los pilares del tan cacareado por todos los dirigentes políticos, estado del bien estar, estamos bien apañados.

No se puede tener al personal sanitario permanentemente cabreado, con sobrecargas de trabajo y sueldos que distan mucho de lo razonable, si tenemos en cuenta el trabajo que se lleva a cabo.

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