
La repercusión mediática de este suceso, ha puesto en evidencia dos cosas. En primer lugar, nos apercibimos que estas cosas suceden y que el impacto que producen en la sociedad, es directamente proporcional a la publicidad y el énfasis mediático que se les dispensa.
Las imágenes son espeluznantes y remueven la conciencia de cualquier ser humano medianamente civilizado. Por lo menos eso creo yo.
En segundo lugar, se ha puesto de manifiesto una vez más, los graves déficit estructurales que viene padeciendo la justicia.
No sé si en este caso hay que hablar de desidia por parte del fiscal, que no compareció para posicionarse e interesar las medidas que en derecho creyera oportunas.
Se dice que el fiscal estaba formando parte de un dispositivo importante relacionado con el narcotráfico. ¿Debemos creerlo?
De todas formas, es bien patente, que la dotación de jueces y fiscales es insuficiente para poder actuar conforme a las necesidades y exigencias de los tiempos en que vivimos y con las necesidades del Estado de Derecho.
Hoy lo ha dicho bien claro Carlos Jiménez Villarejo en la SER. Respondiendo a las acertadas preguntas de Carles Francino, Aquél sabio exfiscal anticorrupción de dilatada carrera profesional y de compromiso con la libertad, ha hecho mención al artículo 173 del código penal que hace referencia a las vejaciones, maltrato de palabra y demás acciones que atentan contra la dignidad de la persona.
Don Carlos, ha despejado todas las incógnitas referentes a este caso y a los problemas que aquejan a la administración de justicia.
La agresión de este energúmeno a la joven ecuatoriana, pone también de manifiesto las múltiples patologías que anidan en esta sociedad.
La ausencia de los más elementales valores de respeto hacia los semejantes, de la condición, género, origen o raza que sea explican este tipo de actuaciones violentas.
Estamos en este caso, ante un individuo embrutecido, desaferentizado, con baja tolerancia a la frustración, incapaz de empatizar con sus congéneres.
Estamos frente a un fracaso del sistema educativo, de la familia y de la sociedad en su conjunto.
Quiero volver a resaltar la importancia de la mediatización de este caso y a las medidas que ha adoptado el juez, que han merecido el recurso de la fiscalía.
Su señoría ha atado en corto al agresor, le ha puesto unas condiciones duras para poder tenerle controlado: dos controles policiales al día y las correspondientes comparecencias semanales en el juzgado.
En el caso que hoy nos ocupa, ha quedado bien clara la repercusión mediática en la posterior actuación de la justicia, que se ha visto observada, sabiendo que cualquier dilación o patinazo, podría desencadenar una bronca de considerables proporciones.
Muchos otros casos – es ahí dónde quería llegar- no han tenido la misma cobertura informativa, siendo quizás de más gravedad por las secuelas de las lesiones infringidas por los agresores. Los agresores no han sido vistos en ningún video, no les ha entrevistado ningún periodista y la víctima ha quedado si cabe, más desamparada, no ha sido reparada de la misma forma en que seguramente lo será esta joven ecuatoriana.
Es vergonzosa la actitud de algunos medios que han ofrecido dinero al agresor de la joven para que este soltara algún ruido onomatopéyico por su boca.
¿Qué código ético guía a estos profesionales? ¿Son conscientes de que contribuyen a crear un monstruo?