En el Hospital Severo Ochoa de Leganés están de celebración. Tienen sin embargo, el sabor agridulce de la victoria, una victoria que pone de manifiesto que la verdad acaba reluciendo por encima de los nubarrones de la insidia, la mentira y la calumnia, alentados por intereses inconfesables.
La sentencia judicial que ha eximido al Dr. Luis Montes de los graves delitos que se le imputaron a instancias de la Consejería de Salud de la Comunidad de Madrid, por medio de su entonces Consejero Sr. Lamela, basándose en una denuncia anónima, que poco más o menos decía que en aquél hospital, se practicaban sedaciones irregulares a los pacientes terminales; es decir, que se practicaba la eutanasia activa.
El Doctor Luis Montes ha tenido que pasar un calvario. Se ha puesto en cuestión su ética y su solvencia profesional.
El gobierno que preside Esperanza Aguirre, ha querido cercenar y criminalizar sin ningún tipo de escrúpulo una forma de entender la sanidad pública.
Cuando estalló esta crisis en el Hospital Severo Ochoa, la Consejería envió allí a un gerente de su confianza para “poner orden” para limpiar aquel hospital de gentes que no obedecían al modelo que ella entiende de salud. Muchos fueron los médicos depurados, desafectos al régimen de Doña Esperanza.
En el hospital de Leganés había un plantel de buenos profesionales, comprometidos con su profesión y con la comunidad a la que servían. No les movía ningún otro interés que prestar un servicio de salud público y de la máxima calidad posible.
Ayudar a morir con dignidad a un ser humano, prestándole la ayuda farmacológica necesaria para que sus últimos momentos sean de sosiego, y el tránsito de la vida a la muerte no sea un calvario para el enfermo y sus seres queridos, es un acto que se justifica por si mismo. Aliviar el dolor, si no se puede curar la enfermedad, es un compromiso que adquiere el médico cuando hace el Juramento Hipocrático.
Una vez impuesta la verdad judicial, quedando el Dr. Montes fuera de toda sospecha, queda pendiente la reparación moral que se le adeuda por parte de quienes lo han señalado con el dedo, de quienes lo han acusado de prácticas criminales.
¿Esto va a quedar en nada? ¿No va a pedir perdón ningún responsable político?
Esperanza Aguirre ya ha adelantado que no tiene que pedir perdón ni disculparse por nada. ¿Dimisión de Lamela? Esto sería pedirle peras al olmo.
El Dr. Montes ya ha anunciado que va a querellarse contra todos aquellos cargos políticos que fueron a por él. Quiere con toda la razón que libre de toda sospecha, los instigadores de su linchamiento moral y profesional paguen sus culpas.
Detrás de toda la campaña que se urdió, contra Lamela y otros médicos del Hospital Severo Ochoa se perseguían otros objetivos, querían matar varios pájaros de un solo tiro
En primer ligar, los intereses políticos del PP están en contra del actual modelo de Sanidad Pública. Los intereses de esta gente van por otro lado. Son firmes partidarios de la privatización, de pasar la gestión de estos centros a manos privadas y clientelares.
Esto supone en la práctica la pérdida real de derechos consolidados por parte de los ciudadanos. Al externalizar la gestión, no se ejerce desde el poder político un control de la calidad de los servicios que se prestan.
De estas pérdidas de calidad en los servicios aquí en Catalunya ya sabemos un poco, hemos probado esta medicina. Agestión pura y dura de servicios sanitarios públicos por gestores privados.
Existe otra causa en toda esta cruzada que a mí entender se les ha escapado o han omitido voluntariamente en muchos sectores políticos y periodísticos. Quiero referirme al debate que cada vez toma más cuerpo en el seno de la sociedad: la eutanasia.
El sector más reaccionario de la derecha junto a la jerarquía católica, han querido con este asunto dar un serio toque de atención a todos los implicados, es decir, los afectados por la enfermedad terminal y quienes tienen que tratar los síntomas y hacer del traspaso un momento lo más pacífico posible.
No están dispuestos a transigir en este, para muchos, controvertido tema. La sociedad civil está a la defensiva ante la reivindicación de un derecho como es el de la muerte digna, y la palabra sedación, el hecho de aliviar el dolor lo van a criminalizar hasta extremos inimaginables hace unos años, judicializando cualquier acto terapéutico que suponga disminuir el nivel de conciencia de un individuo en fase terminal de su vida y de su enfermedad. Apañados estamos.
