He leído en la Vanguardia una noticia que me ha sobrecogido y que me lleva a una reflexión un tanto angustiosa o por lo menos preocupante. Se trata ni más ni menos de la muerte digna o como puede ser el último periodo de la existencia de un ser humano dependiendo de donde se encuentre. Al introducir la situación geográfica no me refiero a la clásica y manida comparación entre el primer mundo y los países subdesarrollados.
Dentro de un mismo país, dependiendo de quién gobierna en una comunidad autónoma un ciudadano puede tener acceso a unos cuidados paliativos que permitan al tránsito de la vida -o no vida-, a la muerte en ausencia de sufrimiento y dolor, sin aplicación de medios tecnológicos que prolonguen una situación que es irreversible.
En definitiva, se trata de tener una muerte laica o un traspaso tutelado por las creencias religiosas o esa denominada moral católica que pretende detentar un poder omnímodo sobre las conciencias, y un predominio moral y espiritual sobre todo y todos, anteponiéndose al criterio de los profesionales y a la voluntad del enfermo y su entorno.
Me viene a la memoria el proceso inquisitorial sufrido por el Dr. Montes y el cuadro médico del Hospital Severo Ochoa de Leganés, que a instancias de la Consejería de salud de la Comunidad de Madrid y a través de su consejero Lamela, se han visto en el punto de mira de todas las organizaciones afines a la doctrina oficial de la Iglesia y la maquinaria mediática engrasada y controlada por la Conferencia Episcopal.
La noticia que me ha producido este desasosiego, hacía referencia a una persona conocida, querida y admirada por muchos; se trata del veterano comunista y ex-dirigente del PSUC y del PCE, Miguel Núñez.
Núñez, ha visto la muerte de cerca en no pocas ocasiones; fue condenado a muerte por el franquismo varias veces.
Miguel Núñez hace años otorgó su testamento vital, en el que dejaba bien clara su voluntad: Una muerte digna, sin sufrimiento ni dolor y sin prolongación artificial con medios mecánicos; asimismo Miguel dejó claro que hacía donación de su cuerpo al Hospital Clínic de Barcelona para fines de investigación.
Estando en Madrid hace unos meses, Miguel tuvo que ser ingresado en el Hospital de Alcorcón, aquejado de una grave afección respiratória que hizo temer por su vida. Ante tal situación su familia se planteo seriamente si serían respetadas sus voluntades en caso de que no superara aquél episodio.
A la vista de lo que estaba cayendo sobre la sanidad pública de Madrid, tanto él como sus familiares optaron por regresar a Barcelona una vez superada la fase más crítica de su dolencia crónica, donde podría tener garantías de que su voluntad sería respetada y tendría acceso a unos cuidados paliativos adecuados, sin que estos fueran sometidos al ojo inquisitorial del poder político-eclesiástico.
El Estado democrático no puede ser un sujeto pasivo que en nombre de quién sabe que preceptos contempla sin parpadear como se conculcan derechos y voluntades y que dependa del color político de la zona y de la sensibilidad de sus gobernantes para que un escolar reciba clases de una asignatura como Educación para la ciudadanía o un enfermo terminal tenga acceso a una muerte digna.
El hocico de la Iglesia que está mamando de la teta del Estado merced a un Concordato y unas concesiones graciosas hechas por todos los gobiernos de la etapa democrática, debe recibir una coz que le incapacite para seguir chupeteando hasta la extenuación.
Este mismo hocico se mete en todas partes, intenta con sus mensajes, orientar el voto de los ciudadanos, quiere legitimar y legitima la dictadura franquista, cargando contra la Ley de la Memoria histórica, votada por el Parlamento.
Mucho tienen que callar las sotanas en España que apoyaron incondicionalmente al bando franquista elevando a la categoría de Cruzada la guerra iniciada por Franco al alzarse contra el poder legalmente instituido.
El Gobierno no puede estar continuamente invocando el diálogo y la tolerancia sin riesgo de que le tomen por tonto. Ante esta ofensiva de la derecha política y eclesiástica no queda más remedio que denunciar los acuerdos vigentes hasta ahora, avanzar por el camino del laicismo eliminando la religión del temario de las escuelas y dejando de subvencionar a la Iglesia.La iglesia no puede estar en pie de igualdad con el poder civil que emana de la voluntad popular, no puede estar ahí intentando condicionar y dirigir la acción de gobierno dictando consignas contra el orden democrático.
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