Su Señoría intentar darle en la lengua a un díscolo ciudadano
Hace unos días, se ha publicado en un periódico de Barcelona, la noticia de un vergonzoso caso que tiene que ver con la Justicia y lo que está pasando en este país desde hace demasiado tiempo.
Parece ser que una pareja catalana residente en Madrid, quiso casarse en Badalona para así poder realizar la ceremonia en catalán. ¡Pobres ilusos¡
Al parecer a su señoría no le dio la gana. La documentación presentada en su día por la pareja en el juzgado, hacía constar expresamente su voluntad de casarse en catalán. Todas las parejas de Badalona –que fue donde se desarrollaron los hechos- al cumplimentar todos los formularios, son preguntadas en que idioma desean casarse. Queda claro pues, que no estamos tratando de un capricho de última hora de la pareja contrayente, sino que es una opción que se ofrece a los ciudadanos.
Todo parece indicar, que la ceremonia fue algo tensa por la actitud del juez que al reclamarle que la ceremonia debía celebrarse en catalán, dijo que no tenía a mano el expediente y que ofrecía la posibilidad de retrasar la boda un tiempo hasta que celebrara otras ceremonias señaladas para el mismo día. Ante tal situación, la pareja, bastante contrariada, optó por continuar haciendo constar su desacuerdo a lo que su señoría respondió con tono elevado, que él, era de Madrid y no tenía la obligación de saber catalán.
Su señoría, que responde al nombre de Lechón, lleva prestando sus servicios como juez en Cataluña desde hace cinco años y tiene reconocido el mérito preferente de conocimiento del catalán. Esta circunstancia, lo hace competente en el uso oral y escrito de la lengua propia de Cataluña.
La pareja en cuestión a la que le amargaron el día, optó por seguir la ceremonia y luego por mediación de su abogado, ejercer las acciones pertinentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este alto tribunal, dicta una resolución donde expresa en tender la “frustración” de la pareja, disculpa al juez aduciendo que lleva poco tiempo en Cataluña pero le pide que haga un mayor esfuerzo y evita sancionar a este servidor público. No conformes con la resolución, presentaron recurso ante el Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, desestimó el recurso sin entrar en el fondo de los hechos.
No quiero entrar en si existe o no una ley que obligue a sus señorías a conocer la lengua de la comunidad en que prestan sus servicios, pero si el conocimiento de esta es un mérito preferente, se les debe exigir que lo demuestren, de lo contrario, ese mérito no debería serles computado como tal.
Los jueces son servidores públicos aunque en demasiadas ocasiones, parezca que los ciudadanos sean quienes están a su merced viendo pisoteados sus legítimos derechos, con la connivencia de las instancias superiores de la justicia que deberían velar por el escrupuloso cumplimiento de las leyes y normas.
Los hechos aquí relatados, son sólo una pequeña muestra de otros muchos parecidos en la forma y en el fondo y que no hacen más que poner en evidencia que la justicia, es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia.
Parece ser que una pareja catalana residente en Madrid, quiso casarse en Badalona para así poder realizar la ceremonia en catalán. ¡Pobres ilusos¡
Al parecer a su señoría no le dio la gana. La documentación presentada en su día por la pareja en el juzgado, hacía constar expresamente su voluntad de casarse en catalán. Todas las parejas de Badalona –que fue donde se desarrollaron los hechos- al cumplimentar todos los formularios, son preguntadas en que idioma desean casarse. Queda claro pues, que no estamos tratando de un capricho de última hora de la pareja contrayente, sino que es una opción que se ofrece a los ciudadanos.
Todo parece indicar, que la ceremonia fue algo tensa por la actitud del juez que al reclamarle que la ceremonia debía celebrarse en catalán, dijo que no tenía a mano el expediente y que ofrecía la posibilidad de retrasar la boda un tiempo hasta que celebrara otras ceremonias señaladas para el mismo día. Ante tal situación, la pareja, bastante contrariada, optó por continuar haciendo constar su desacuerdo a lo que su señoría respondió con tono elevado, que él, era de Madrid y no tenía la obligación de saber catalán.
Su señoría, que responde al nombre de Lechón, lleva prestando sus servicios como juez en Cataluña desde hace cinco años y tiene reconocido el mérito preferente de conocimiento del catalán. Esta circunstancia, lo hace competente en el uso oral y escrito de la lengua propia de Cataluña.
La pareja en cuestión a la que le amargaron el día, optó por seguir la ceremonia y luego por mediación de su abogado, ejercer las acciones pertinentes ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Este alto tribunal, dicta una resolución donde expresa en tender la “frustración” de la pareja, disculpa al juez aduciendo que lleva poco tiempo en Cataluña pero le pide que haga un mayor esfuerzo y evita sancionar a este servidor público. No conformes con la resolución, presentaron recurso ante el Consejo General del Poder Judicial. Este órgano, desestimó el recurso sin entrar en el fondo de los hechos.
No quiero entrar en si existe o no una ley que obligue a sus señorías a conocer la lengua de la comunidad en que prestan sus servicios, pero si el conocimiento de esta es un mérito preferente, se les debe exigir que lo demuestren, de lo contrario, ese mérito no debería serles computado como tal.
Los jueces son servidores públicos aunque en demasiadas ocasiones, parezca que los ciudadanos sean quienes están a su merced viendo pisoteados sus legítimos derechos, con la connivencia de las instancias superiores de la justicia que deberían velar por el escrupuloso cumplimiento de las leyes y normas.
Los hechos aquí relatados, son sólo una pequeña muestra de otros muchos parecidos en la forma y en el fondo y que no hacen más que poner en evidencia que la justicia, es una de las grandes asignaturas pendientes de nuestra democracia.
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